Mañana Madrid volverá a acoger una
manifestación movida por el rechazo al terrorismo. Parecen en blanco
y negro, borrosas en la memoria, las imágenes de las mareas de manos
blancas y lazos azules que recorrieran las calles de las Españas
gritando Basta Ya, queremos Paz, la necesitamos, es nuestro derecho.
Mañana, será el Derecho el que haga
que, de nuevo, salga a la calle seguramente una multitud de personas
de bien, de ciudadanos pacíficos, exigiendo que los jueces no se
ajusten a Derecho. Es así, y no otra cosa, la petición de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, mayoritaria entre las
existentes, pero no la única, entre quienes han sufrido los horrores
de la persecución, la extorsión, el escarnio y el hostigamiento
contínuo de los terroristas y sus adláteres.
Derecho inalienable de las víctimas y
sus familiares es que sean castigados los culpables de los crímenes
por los que han perdido a sus seres queridos, miembros de sus propios
cuerpos, o la calma, en una vida privada de libertad y dominada por
el miedo constante. Sus derechos son los del inocente, los que una
ley honesta y justa, que para eso se creó el derecho, debe proteger
para la construcción de una sociedad mejor, que es, a fin de cuenta,
el fundamento del derecho, de la política y de la acción cívica,
que son elementos complementarios pero diferentes de esa misma
sociedad.
Mañana, una asociación cívica va a
manifestarse con fines políticos que afectan al derecho. Es
legítimo, incluso conveniente. La duda se alza cuando esa
manifestación contraviene el orden de la participación ciudadana en
la política. Si los partidos políticos democráticos, sean del
signo que sean, se apresuran a declarar que “hay que respetar y
acatar las resoluciones judiciales”, pero con la misma prisa sin
que se vea ponen en funcionamiento su maquinaria de poder para
legislar de manera que los jueces tengan las manos atadas para no
llegar hasta ellos, a las asociaciones cívicas les queda el recurso
de la protesta, del acudir de nuevo a los mismos tribunales que han
cometido el fallo, en tan amplio sentido de la palabra.
Lo que no pueden -ni deben- pretender
las asociaciones cívicas, como AVT, es convertirse en plataformas
políticas. La manifestación de mañana se produce en ausencia
absoluta de actividad por parte de la organización terrorista, y ya
no tienen sentido las manos blancas ni los lazos azules. Crespones
negros pueden quedar sempiternamente prendidos en las banderas,
porque el recuerdo de quienes han muerto a manos de los criminales es
necesario que permanezca indeleble, pero tantas banderas, tantas
pancartas, tantas proclamas, dan más aspecto de manifestación
política que cívica. La AVT ha cometido el error de convertirse en
un satélite de organizaciones políticas definidas, desde el PP
hasta la misma ultraderecha. Cuando alguien rechaza la violencia de
una parte y vitorea a quien la ejerce por otra, como se aplaudió al
neofascista condenado por intento de homicidio Sáenz de Ynestrillas,
pierde parte de esa legitimidad moral que puede llevar tras de sí a
la opinión de quienes observan el problema desde al lado.
Politizada en extremo, la AVT se ha
encontrado cada vez más con el rechazo de una parte de la sociedad,
más aún tras la declaración del “cese definitivo de la actividad
armada” por parte de ETA, una victoria inapelable del Estado de
Derecho, de la acción policial, judicial y legislativa. Las
múltiples muestras de rechazo a ningún tipo de proceso
reconciliatorio, constructivo, que consiga de una buena vez que el
más de medio siglo de horror y penumbra que quedará
indefectiblemente en la historia de Euskal Herría sea una época
superada, demuestran por parte de las víctimas asociadas en esta
organización un ánimo revanchista que no parece aceptar más
derecho que el del talión. Ni olvido ni perdón, tienen toda la
razón al proclamarlo, pero tampoco tiene mucho sentido, al menos con
un pensamiento cristiano, ni utilidad práctica ninguna el ojo por
ojo.
Mañana, toda la ciudadanía que
rechaza la violencia debe estar al lado de las víctimas, pero eso no
significa, necesariamente, estar del lado de la revancha, del
inmovilismo, de la postura política del “contra el terrorismo
independentista, reforzar el centralismo” que esta Asociación
defiende, ni mucho menos, alinearse en la postura absurda y sin
posibilidad ninguna de éxito de ignorar las leyes y el ordenamiento
jurídico. En pos de la justicia, los cientos de políticos que irán
a ponerse tras la pancarta y ante el mogollón de banderas (que en
otras circunstancias se vetan) lo que deben es de dejarse de repetir
el mantra de la aceptación incondicional de las resoluciones
judiciales, y arremangarse en su trabajo, que es legislar, y legislar
no para la revancha, sino para realizar el mejor homenaje que se les
puede hacer a las víctimas: evitar que nadie ya vaya a ser el
siguiente.
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